El equipo jurídico de la Codehupy recusó a la fiscal Norma Salinas en relación al caso de la comunidad indígena Hugua Po’i del pueblo Mbya Guarani, que fue desalojada en noviembre de 2021 y que, posteriormente en enero de este año reocupó las tierras que reivindican como territorio ancestral. El documento de recusación fue presentado este miércoles en la Fiscalía de la ciudad de Caaguazú.

De acuerdo con los abogados, la recusación -ahora pendiente de resolución- responde a que la fiscal ordenó prisión preventiva para dos indígenas que son de otra comunidad y que, antes de este proceso, fueron denunciantes en una causa sobre atropello de civiles armados contra su comunidad, Loma Piroy.

Así es que dos personas que meses atrás denunciaron ser víctimas de atropello por parte de civiles armados, ahora cuentan con orden de detención. “Consideramos que la fiscal no tiene la objetividad necesaria, además solicitamos información sobre diligencias que se han hecho, sobre procesos administrativos que se están haciendo en el Indert vinculados al reclamo de la comunidad”, explicó el abogado Juan Bautista Rivarola.

El abogado indicó que son nueve las personas procesadas en esta causa y la Codehupy esta trabajando en representación de seis de ellos. Indicó que ninguna de estas personas esta imputada y que, de hecho, no existen elementos para tal cosa.

Recordó además que la Constitución Nacional prohíbe la remoción o traslado de una comunidad indígena de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos. La comunidad de Hugua Po’i fue una de las varias comunidades indígenas que sufrieron una violenta ola de desalojos forzosos en el segundo semestre del 2021.

Codehupy presentará la situación de los desalojos forzosos de comunidades indígenas y campesinas en Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 17 de marzo, durante una audiencia pública que será transmitida en vivo.