El pasado jueves 22 de mayo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) participó de la audiencia pública realizada en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, donde se debatió el proyecto de ley que propone la creación del “Ministerio de la Familia”, mediante la fusión del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de la Juventud.

La actividad, impulsada por la senadora Lilian Samaniego desde la Comisión de Equidad y Género, convocó a referentes institucionales y a organizaciones de la sociedad civil que expresaron con firmeza su rechazo a la iniciativa. Entre ellas, la Codehupy reafirmó su compromiso con la defensa de políticas públicas con enfoque de derechos, equidad e inclusión.

Durante su intervención, el secretario ejecutivo de la Codehupy, Dante Leguizamón, destacó que “el Ministerio de la Mujer desempeña un rol fundamental en la lucha contra la violencia de género, la promoción de la igualdad, la participación política y económica de las mujeres, y el acceso a derechos como la salud, la educación y el trabajo digno”. Agregó que eliminar esta institución implicaría “retroceder en el camino hacia una sociedad más justa, inclusiva y democrática”.

Leguizamón advirtió que el proyecto de ley, lejos de fortalecer la institucionalidad, “diluye los enfoques especializados necesarios para atender las múltiples desigualdades que enfrentan mujeres, niñas, niños y jóvenes”. Y recalcó que “los derechos no se fusionan, se garantizan y se defienden”.

La audiencia pública fue escenario de múltiples voces que recordaron la larga lucha del movimiento de mujeres por conquistar espacios institucionales que respondan a realidades concretas. Representantes del Congreso, de organismos nacionales e internacionales, de redes de comunicadoras y de organizaciones sociales coincidieron en que fusionar instituciones clave sería invisibilizar problemáticas como la violencia de género, el abuso infantil y la exclusión juvenil.

Desde la Codehupy, junto a las organizaciones que integran su red, se insistió en que diseñar políticas públicas con enfoque diferenciado no es discriminatorio, sino una obligación del Estado para garantizar la igualdad real y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Frente a este contexto, la Codehupy se mantendrá firme, organizada y movilizada para proteger los avances logrados y exigir a las autoridades que fortalezcan, y no debiliten, las estructuras estatales destinadas a atender las desigualdades históricas que aún persisten en el Paraguay.