Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy, expresamos profundamente nuestra preocupación por el cierre de las oficinas del Instituto Paraguayo del Indígena -INDI- en Asunción.

Consideramos que esta medida, viola varios derechos humanos de los Pueblos Indígenas, de sus líderes, lideresas, de sus organizaciones y de las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan.
Esta medida no responde a criterios de optimización, sino que en ella subyacen actitudes discriminatorias que históricamente han padecido los pueblos y que hoy recrudecen de manera violenta, un claro acto de invisibilización de la situación precaria en la que viven muchas comunidades.

Así también esta medida es una regresión de derechos garantizados en la Constitución Nacional, en las leyes, en los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Paraguayo y por tanto obligación del gobierno nacional.
Percibimos una transición hacia una institución de carácter asistencialista y el cercenamiento del derecho a la protesta cuando las políticas públicas no llegan o no resuelven los problemas planteados y las reivindicaciones de derechos que se demandan.

Vemos que en las ocasiones previas de mudanza del INDI ha significado la pérdida de expedientes y documentos con lo cual las gestiones se ven gravemente afectadas y en algunos casos ha implicado gastos inmensos para las comunidades y exageradas burocracias.

El INDI, por su rol como ente rector de las políticas públicas sobre derechos de los pueblos indígenas, en especial del derecho a la tierra y al territorio ancestral y la integración del enfoque intercultural en todo el actuar del Estado, además de una gradual y planificada descentralización, requiere para el efecto una oficina en la capital del país, además de facilitar las gestiones interinstitucionales de los líderes que llegan a Asunción. Las oficina en Asunción son un mandato legal establecido en el artículo 29 de la Ley N.º 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”. El gobierno nacional lo debe cumplir.

El INDI requiere un oficina digna de atención a las personas sujetos de derechos, suficiente financiación para el cumplimiento de los compromisos institucionales y un cuidadoso trabajo intercultural que ponga en valor la riqueza de la diversidad cultural y la plena vigencia de los derechos humanos de la población indígena del país.

Instamos al Poder Ejecutivo a rever esta decisión y organizar debidamente una oficina en la ciudad de Asunción, se precautelen todos los cuidados con relación al manejo de expedientes y se aseguren las políticas integrales de derechos para los pueblos indígenas en nuestro país.

Secretaría Ejecutiva: Dante Leguizamón Morra
Coordinación de Turno: Nestor Vera, Grupo Sunu; Andrea Ruiz Díaz, Iniciativa Amotocodie y Omar Yampey, Centro de Estudios Heñoi.