La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) expresa su preocupación por la persistencia de obstáculos para avanzar en una Reforma Agraria efectiva y en políticas públicas que fortalezcan la agricultura familiar campesina.
A lo largo de las últimas décadas, el Estado paraguayo ha desarrollado iniciativas vinculadas a la Reforma Agraria; sin embargo, éstas han beneficiado de manera desigual a la población y no han logrado revertir la histórica concentración de la tierra. En este contexto, continúan sin resolverse casos emblemáticos como el de las denominadas tierras malhabidas, cuya recuperación y regularización siguen siendo una deuda institucional.
Ante la falta de respuestas del Estado paraguayo, las organizaciones campesinas han recurrido a mecanismos institucionales para canalizar sus demandas, incluyendo presentaciones ante organismos del Estado y el Congreso Nacional para avanzar en los procesos de reforma agraria y de agricultura familiar campesina. La ocupación de tierras malhabidas, tierras fiscales o latifundios improductivos, así como los reclamos y exigencias a las instituciones han sido estrategias eficientes para recuperar tierras para la reforma agraria y generar un desarrollo sostenible en el campo, fundando comunidades y pueblos con arraigo campesino.
Sin embargo, en nuestro país el 90% de la superficie total está en manos de alrededor de 12.000 grandes propietarios, mientras que el 10% restante se distribuye entre unos 280.000 pequeños productores. Este fenómeno se caracteriza por una profunda desigualdad, con una élite latifundista y una importante presencia de propietarios extranjeros. Esto evidencia la necesidad de contar con procedimientos claros, accesibles y eficaces para la adjudicación de tierras a comunidades rurales, evitando tensiones y fortaleciendo la institucionalidad democrática.
El caso de Lucipar (Departamento de San Pedro) representa una oportunidad clave para que el Estado pueda dar pasos concretos hacia una política agraria más justa. Las tierras en cuestión se encuentran actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y han sido objeto de solicitudes por parte de comunidades campesinas sin tierra, con el fin de destinarlas a la producción de alimentos y al desarrollo sostenible en el territorio.
Asimismo, la limitada capacidad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y la reducción de recursos destinados a la compra y regularización de tierras han debilitado de manera significativa las herramientas públicas para avanzar en la Reforma Agraria.
La gestión del conflicto agrario no debe basarse en respuestas punitivas o criminalizadoras, sino en políticas integrales que garanticen derechos y contribuyan a la paz social.
CODEHUPY insta al Estado paraguayo a implementar políticas públicas integrales y sostenibles para las comunidades campesinas, que incluyan:
– Acceso a la tierra y procesos de adjudicación transparentes.
– Programas de asistencia técnica y acompañamiento institucional.
– Contratos equitativos para la comercialización de la producción.
– Seguros agrarios y mecanismos de protección ante riesgos climáticos.
– Fortalecimiento del INDERT y de la institucionalidad agraria.
Reiteramos que avanzar en la Reforma Agraria constituye no solo una obligación histórica, sino también una condición esencial para la garantía de derechos, la reducción de desigualdades, lograr condiciones de vida digna para el sector campesino y la construcción de un desarrollo sostenible e inclusivo en nuestro país.
Secretario Ejecutivo: Dante Ariel Leguizamón.
Coordinación De Turno: Servicio Paz y Justicia – Paraguay (Serpaj Py), Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y Servicio jurídico e integral para el Desarrollo Agrario (Seija)