En el marco del 93.º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil paraguaya presentaron alertas y recomendaciones sobre la situación de los derechos de las mujeres. La impunidad frente a la violencia de género, las barreras a la participación política, el debilitamiento de las políticas de igualdad y las restricciones a la perspectiva de género en la educación estuvieron entre las principales preocupaciones señaladas.
El examen del Estado paraguayo ante el Comité CEDAW constituyó una oportunidad para evaluar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de igualdad y no discriminación. En este proceso, las organizaciones de la sociedad civil desempeñaron un papel fundamental al aportar información, documentar problemáticas persistentes y proponer medidas para garantizar los derechos de las mujeres.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), junto con el Centro de Documentación y Estudios (CDE), CLADEM Paraguay, el Consultorio Jurídico Feminista, la Coordinación de Mujeres del Paraguay y Kuña Róga, presentó un informe alternativo ante el Comité para contribuir a la evaluación del Estado paraguayo desde la experiencia y las preocupaciones de las organizaciones sociales.
Un escenario de preocupación por los derechos de las mujeres
El informe presentado por las organizaciones advierte sobre regresiones normativas e institucionales, el avance de discursos contrarios a los derechos de las mujeres, el debilitamiento de las políticas públicas de igualdad de género y el incumplimiento de recomendaciones internacionales.
Estas preocupaciones se inscriben en un contexto marcado por la persistencia de la discriminación y la violencia basada en género, así como por las dificultades para garantizar respuestas estatales integrales y efectivas.
Durante el examen, las expertas del Comité plantearon cuestionamientos sobre distintas deudas pendientes del Estado paraguayo. Entre los temas abordados se encuentran la impunidad en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio, la falta de datos unificados, la ausencia de una ley integral contra toda forma de discriminación y las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos.
También se expresaron preocupaciones sobre las restricciones a la perspectiva de género en la educación, el impacto de la Ley 7363/24, conocida como «Ley Garrote», en las organizaciones de mujeres y los efectos de los agroquímicos en la salud de mujeres rurales e indígenas.
Las organizaciones señalaron, además, que durante el diálogo el Estado presentó algunas acciones, pero dejó sin respuestas suficientes cuestionamientos centrales y defendió decisiones regresivas, entre ellas la exclusión de la palabra «género» de materiales educativos.
Cinco prioridades para avanzar hacia la igualdad sustantiva
A partir de las problemáticas identificadas, las organizaciones de la sociedad civil plantearon cinco líneas prioritarias de acción para el Estado paraguayo:
- Fortalecer la institucionalidad de género, detener los retrocesos institucionales y garantizar la jerarquía y capacidad de actuación de los mecanismos responsables de promover la igualdad.
- Restituir la perspectiva de género en la educación y en las políticas públicas, como herramienta fundamental para prevenir y erradicar la discriminación.
- Eliminar la discriminación, mediante un marco legal integral y la adopción de medidas especiales temporales que permitan avanzar hacia la igualdad sustantiva.
- Garantizar respuestas efectivas frente a la violencia de género, con medidas de prevención, protección, investigación y sanción que aseguren el acceso a la justicia.
- Fortalecer la participación política de las mujeres y su acceso a la justicia, eliminando las barreras que limitan el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
Estas prioridades requieren voluntad política, recursos suficientes, instituciones fortalecidas y mecanismos de rendición de cuentas que permitan verificar los avances.
Del compromiso internacional a las acciones concretas
Como parte del proceso, Paraguay manifestó su compromiso de incorporar las recomendaciones del Comité al Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE Plus), mediante indicadores medibles, e impulsar un mecanismo permanente de seguimiento con participación de la sociedad civil.
Las recomendaciones oficiales del Comité CEDAW al Estado paraguayo, conocidas formalmente como observaciones finales, se darán a conocer públicamente de forma estimada a principios de noviembre de 2026.
Su publicación marcará una nueva etapa para el seguimiento de los compromisos asumidos por el Estado. El desafío será traducir las recomendaciones en políticas públicas efectivas, presupuestos adecuados y resultados verificables, con participación de las organizaciones sociales y de las mujeres cuyos derechos deben ser garantizados.
Desde Codehupy y las organizaciones que acompañaron este proceso, se reafirma la importancia de sostener la vigilancia ciudadana, la participación de la sociedad civil y la exigencia de cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado paraguayo.
Sin igualdad, no hay democracia plena. Garantizar los derechos de las mujeres exige fortalecer la institucionalidad democrática, erradicar la discriminación y la violencia machista y convertir los compromisos asumidos en medidas concretas que transformen sus condiciones de vida.