Esta mañana en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, Dante Leguizamón, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, participó de la Audiencia Pública donde organizaciones de la sociedad civil plantearon al Senado fortalecer la ley N° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia.

A partir de esta audiencia, Codehupy advierte que la respuesta del Estado paraguayo ante la violencia de género continúa siendo insuficiente y fragmentada. En el marco del debate sobre el fortalecimiento de la Ley N.º 5777/16, se constata que su aplicación efectiva requiere voluntad política, presupuesto, coordinación entre instituciones y un enfoque irrenunciable de derechos humanos.

En este contexto, uno de los principales pedidos planteados es la creación de juzgados especializados en violencia contra las mujeres, que permitan brindar una respuesta judicial oportuna, integral y con perspectiva de género. La puesta en marcha de estos juzgados es fundamental para mejorar el acceso a la justicia, evitar la revictimización y garantizar una atención adecuada a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Feminicidios y víctimas indirectas: una respuesta estatal urgente

Según las cifras oficiales del Ministerio Público, hasta octubre de este año se registraron 22 víctimas de feminicidio y 29 casos de tentativa de feminicidio. Estos hechos dejaron 39 víctimas indirectas, entre ellas 27 niños, niñas y adolescentes que enfrentan la orfandad y la desprotección estatal.

La violencia también evidencia los riesgos que persisten en espacios cotidianos: 16 de los hechos señalados ocurrieron dentro de las viviendas y cinco en la vía pública. Para Codehupy, estos datos exigen una respuesta estatal efectiva que garantice la prevención, la protección y el acceso a la justicia.

Barreras para acceder a la protección y la justicia

La centralización de los servicios y las instituciones deja en situación de desamparo a mujeres y niñas de zonas rurales y comunidades históricamente postergadas. La pobreza, la pertenencia étnica y la distancia geográfica no deben determinar las posibilidades de acceder a la protección estatal.

Codehupy también expresa preocupación por las dificultades para investigar los feminicidios de mujeres indígenas en territorios aislados y por la falta de medidas efectivas de investigación y justicia ante los asesinatos de mujeres trans.

A estas barreras se suma la situación de mujeres que, pese a haber denunciado previamente la violencia, continúan expuestas al feminicidio. La falta de articulación entre instituciones y la ausencia de un Registro Unificado dificultan la atención, obligan a las víctimas a acudir a múltiples dependencias y profundizan la revictimización, mientras se postergan medidas de protección urgentes.

La prevención de la violencia también requiere una educación con enfoque de derechos

El fortalecimiento de la Ley 5777/16 debe acompañarse de políticas de prevención desde la infancia. En ese sentido, cuestionamos la implementación del Programa de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mediante el material 12 Ciencias, promovido por sectores conservadores.

Este material, que comenzó a distribuirse a inicios de 2026 y alcanzó a más de un millón de estudiantes, carece de rigor pedagógico, fomenta una obediencia acrítica y promueve el silencio en el entorno familiar, en contradicción con la necesidad de brindar herramientas para identificar y prevenir situaciones de violencia.

Es importante señalar que en Paraguay se registran nueve denuncias diarias por abuso sexual infantil y que el 95 % de los abusos ocurre en los hogares. En este contexto, trasladar la responsabilidad educativa a las familias e incentivar el silencio deja a niños, niñas y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad.

Medidas necesarias para garantizar una vida libre de violencia

Ante esta situación, Codehupy plantea compromisos concretos para fortalecer la aplicación de la Ley 5777/16 y garantizar una respuesta integral del Estado:

• Ampliar la cobertura territorial de los servicios: desplegar una red integral de atención, salud y justicia que llegue efectivamente a las comunidades rurales e indígenas.
• Garantizar investigaciones diligentes: investigar todos los hechos de violencia y feminicidios con perspectiva de género e interseccionalidad, sin excepción.
• Fortalecer la coordinación institucional: articular las respuestas estatales y avanzar en herramientas que eviten que las víctimas deban recorrer múltiples dependencias para acceder a protección.
• Revisar las políticas educativas: garantizar una educación basada en evidencia científica y con enfoque de derechos humanos, que permita a niños, niñas y adolescentes identificar la violencia y romper el silencio.

Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y las infancias no es una concesión ni una postura ideológica, sino una obligación constitucional e internacional del Estado paraguayo. La Ley N° 5777/16 debe traducirse en políticas efectivas, recursos suficientes y mecanismos de protección accesibles para todas las personas.