La Comunidad Indígena Hugua Po’i, del Pueblo Mbya Guaraní, alerta sobre a posible ejecución de un allanamiento y desalojo forzoso en su comunidad, previsto para el martes 10 de junio en el marco de la causa N.º 4494/2024. La medida, impulsada por el fiscal Alexis Takahashi, podría ejecutarse con “dotación policial suficiente”, a pesar de que la comunidad cuenta con reconocimiento estatal, posesión legítima y trámites de regularización vigentes ante el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
La comunidad denuncia que el procedimiento vulnera derechos constitucionales e internacionales, y representa un riesgo crítico para niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores que viven en Hugua Po´i. La acción judicial se da en un contexto de doble juzgamiento, ya que la misma comunidad enfrenta tres causas penales por el mismo hecho, de las cuales dos ya han sido sobreseídas.
Juan Manuel Ramos, líder de la comunidad, acompañado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), solicitó formalmente la suspensión del desalojo, advirtiendo que se trataría de una violación flagrante de derechos humanos.
Hugua Po´i, distrito de Raúl Arsenio Oviedo, cuenta con resoluciones judiciales y dictámenes técnicos que respaldan la posesión tradicional del Pueblo Mbya Guaraní. La Constitución Nacional y leyes como la N.º 904/81 y la N.º 43/89 prohíben expresamente la remoción de comunidades indígenas sin su consentimiento y durante procesos de titulación.
De concretarse el desalojo, se estarían violando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, protegidos por la Ley N.º 1680/01, que garantiza el derecho a un ambiente seguro y libre de violencia.
Resulta inaceptable que un operativo de esta magnitud y naturaleza ignore la normativa de protección de la infancia y exponga a menores de edad a traumas, violencia institucional y desplazamientos forzados.
La comunidad de Hugua Po´i exige:
- Al Ministerio Público: suspensión inmediata del procedimiento y auditoría del caso.
- Al Poder Judicial: revisión de las medidas y garantía del debido proceso.
- Al INDI: celeridad en el proceso de titulación y remisión de informes urgentes.
- Al Ministerio del Interior y la Policía Nacional: evitar el uso de la fuerza y priorizar mecanismos de diálogo.
Ellos y ellas reafirma su compromiso con la paz y el diálogo, pero advierten que ejercerán acciones legales a nivel nacional e internacional si se consuma el desalojo.
Para más información:
Mario Rivarola, Presidente de la ANIVID. Miembro de la Comunidad Hugua Po’i; 0984 616 753
