Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresamos nuestra profunda preocupación ante la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y la Secretaría de la Juventud, para sustituirlos por un “Ministerio de la Familia”.
Esta medida no solo representaría un grave retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos en Paraguay, sino que pondría en riesgo décadas de luchas en materia de igualdad, protección de la niñez y participación juvenil. Suprimir estas instituciones es debilitar las políticas públicas especializadas que atienden las realidades concretas de millones de mujeres, niñas, niños y jóvenes del país.
El Ministerio de la Mujer desempeña un rol fundamental en la lucha contra la violencia de género, en la promoción de la igualdad, la participación política y económica de las mujeres, y en el acceso a derechos como la salud, la educación y el trabajo digno. Su existencia es un reflejo del compromiso del Estado con la equidad y la justicia social.
El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por su parte, tiene la misión de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de políticas públicas integrales. Es una institución clave para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de derechos de la infancia.
La creación de un “Ministerio de la Familia” como sustituto de estas entidades, lejos de fortalecer, diluye los enfoques especializados que se requieren para atender las múltiples desigualdades que enfrentan mujeres, niñas, niños y jóvenes. Bajo el argumento de “unidad familiar” se corre el riesgo de invisibilizar problemáticas estructurales como la violencia, la exclusión y la discriminación.
Estas instituciones, aunque históricamente subfinanciadas, son fruto de luchas sociales y procesos colectivos que han logrado poner en el centro del debate público las necesidades específicas de poblaciones tradicionalmente marginadas. Disolverlas o fusionarlas no es una decisión administrativa: es un acto político que compromete los derechos de sectores fundamentales de nuestra sociedad.
Recordamos que diseñar políticas públicas con enfoque diferenciado no es discriminatorio, sino una obligación del Estado para garantizar la igualdad real y la dignidad de todas las personas. Eliminar estas instituciones sería retroceder en el camino hacia una sociedad más justa, inclusiva y democrática.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, al Congreso y a la ciudadanía a defender estos espacios institucionales y a rechazar cualquier intento de debilitarlos o eliminarlos. Los derechos no se fusionan, se garantizan y se defienden.
Asunción, mayo 23 de 2025
Coordinación de Turno: Centro de Documentación y Estudio (CDE), Decidamos y Fundación Vencer.
Secretario Ejecutivo, Dante Leguizamón.
