La articulación de la sociedad civil presentó los principales desafíos en derechos humanos y formuló recomendaciones al Estado paraguayo de cara a su próxima evaluación internacional.

Del 9 al 12 de febrero, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), representada por su secretario ejecutivo, Dante Leguizamón, participó de las pre-sesiones de la 52° sesión del Examen Periódico Universal (EPU), organizadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, junto a representantes de CDIA, Callescuela, TEDIC, CJF y Fundación Buen Pastor.

Las pre-sesiones constituyen un espacio fundamental para el diálogo entre la sociedad civil y las misiones diplomáticas de los Estados miembros, previo a la evaluación oficial que se realiza en el marco del Grupo de Trabajo del EPU. En estas jornadas, las organizaciones presentan información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en sus países y acercan recomendaciones concretas para orientar las futuras observaciones al Estado examinado.

Durante su intervención, Codehupy expuso los principales desafíos que enfrenta Paraguay y desarrolló cinco ejes prioritarios que forman parte del Informe General 2026–2030:

• Libertad de expresión y protección de personas defensoras de derechos humanos: Se alertó sobre el aumento de los riesgos para periodistas, comunicadores y personas defensoras, incluyendo procesos judiciales, hostigamientos y discursos que buscan desacreditar su labor. Se subrayó la necesidad de generar mecanismos efectivos de protección, investigar las agresiones y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana.
• Cooperación internacional y ratificación de instrumentos internacionales: Las organizaciones destacaron la importancia de fortalecer el compromiso del Estado con el sistema internacional de derechos humanos mediante la ratificación de instrumentos pendientes y la implementación efectiva de las recomendaciones recibidas. También se señaló el impacto de la reducción de la cooperación internacional en el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos.
• Derechos de las mujeres: Se expusieron las persistentes desigualdades estructurales, la violencia basada en género y las barreras en el acceso a la justicia y a servicios de salud integral. Se remarcó la necesidad de políticas públicas con presupuesto suficiente y de acciones concretas para garantizar la igualdad sustantiva.
• Libertad de asociación: Se expresó preocupación por medidas normativas y administrativas que pueden limitar el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, afectando el espacio cívico y la participación democrática. Se recomendó asegurar un marco legal que respete los estándares internacionales en la materia.
• Derechos de los pueblos indígenas: Se evidenció la grave situación vinculada al acceso y la restitución de tierras. Actualmente, una parte significativa de las comunidades no cuenta con territorio propio o enfrenta conflictos territoriales, desalojos forzosos y destrucción de sus recursos naturales. Esta situación se agrava por la falta de presupuesto, la ausencia de mecanismos ágiles de titulación y la limitada implementación de políticas públicas integrales que garanticen servicios básicos y respeten su autonomía y supervivencia cultural.

En este contexto, se formularon recomendaciones dirigidas al Estado paraguayo con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y avanzar hacia la garantía efectiva de los derechos humanos en el país.

La participación en este proceso reafirma el compromiso de la sociedad civil paraguaya con los mecanismos internacionales de protección, así como con el seguimiento de las recomendaciones que surjan del EPU, entendiendo este espacio como una herramienta clave para impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades y demandas de la población.

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se evalúa, de manera periódica, la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU en condiciones de igualdad.