La Fiscalía General del Estado confirmó la suspensión del allanamiento previsto para este martes 10 de junio en la comunidad indígena Hugua Po’i, ubicada en el departamento de Caaguazú. La noticia fue dada a conocer esta mañana durante una audiencia con autoridades del Ministerio Público, luego de una movilización frente a la sede fiscal, impulsada por organizaciones de derechos humanos, comunicadores/as y representantes de la comunidad.

Aunque aún no existe una resolución oficial por escrito, el fiscal adjunto Diego Zilbervarg aseguró que el procedimiento no se llevará a cabo, tras haber conversado telefónicamente con el fiscal Alexis Takahashi, quien había firmado la orden. Acompañaron también la audiencia la directora de Gabinete Fiscal, Dulce María Escobar, y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karilem Roldán.

Las autoridades explicaron que el operativo respondía a una denuncia por supuestos delitos ambientales, y que no tenía como objetivo un desalojo. Sin embargo, tanto la comunidad como las organizaciones acompañantes advirtieron que este tipo de intervenciones suelen derivar en desalojos forzosos, especialmente cuando van acompañadas de un gran despliegue policial, como el que se había anunciado para este caso.

“Es una contradicción que quieran imputarnos delitos ambientales a nosotros, que cuidamos el bosque, mientras frente a nuestra comunidad han talado todo, tanto que ya ni hay pájaros en la zona, y eso no se investiga”, expresó Mario Rivarola, de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID).

Durante la reunión, Walter Isasi, abogado de la comunidad y coordinador jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), recordó que esta es la tercera causa penal abierta contra Hugua Po’i, y que la Fiscalía ya fue informada sobre la existencia de documentos que acreditan la preexistencia de la comunidad, incluyendo estudios antropológicos, dictámenes judiciales y una medida de urgencia dictada en 2022 que prohíbe cualquier intento de desalojo.

“El fiscal Takahashi no puede alegar desconocimiento. Cerró toda comunicación con la comunidad y sus representantes legales, y eso es muy grave”, denunció Isasi.

Por su parte, Manuel Ramos, líder de la comunidad, reafirmó que el pueblo indígena no teme a las denuncias porque tiene la conciencia tranquila: “Cuidamos nuestros árboles, producimos alimentos sin destruir la tierra. Pero todo a nuestro alrededor está arrasado por las fumigaciones y la tala, y eso nadie investiga”, reclamó.

Asimismo, parte del equipo jurídico de la Codehupy se trasladó hasta la comunidad Hugua Po’i para acompañar de cerca el procedimiento previsto, que finalmente fue suspendido. A pesar de ello, permanecerán en la zona como observadores, en resguardo de los derechos de la comunidad.

Desde Codehupy, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y agradecemos el acompañamiento de organizaciones y personas solidarias que hicieron posible frenar este nuevo intento de desalojo, especialmente en un contexto de bajas temperaturas que pone en riesgo la vida de niños, niñas y personas mayores de la comunidad.

La comunidad Hugua Po’i exige garantías para vivir en paz en su territorio ancestral, el cese de la criminalización y el respeto pleno a sus derechos, consagrados en la Constitución Nacional.