Cada 10 de diciembre, el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, nos convoca a una jornada de recordación y lucha, alrededor de esta fecha que, a nivel global, está instituida como el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Es una ocasión propicia para colocar la mirada en el largo recorrido que la humanidad hizo, desde los horrores de los hornos crematorios de Auschwitz, hasta el día de hoy, donde nuevos desafíos como el cambio climático nos enfrentan a las siempre presentes amenazas a la dignidad del ser humano, aquí y en cualquier lugar del mundo.

Esta mirada retrospectiva nos permite evaluar los avances, estancamientos y retrocesos, en un esfuerzo por sistematizar los aprendizajes de las victorias y las derrotas, aprender de ellas, cerrar balances y proyectar las plataformas de exigibilidad de derechos que nos permiten imaginar otros futuros posibles, donde la dignidad del ser humano, sin discriminaciones de ningún tipo, sea el centro del quehacer del Estado y el propósito último de las leyes y políticas públicas.

A nivel local, esta jornada de reflexión y balance, de proyección y lucha, nos encuentra, como ya es tradición, alrededor de la presentación del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay, emprendimiento editorial liderado por la Codehupy, pero llevado adelante por un sinnúmero de organizaciones y personas que defienden los derechos humanos.

En el 2022, el informe alcanza 27 ediciones ininterrumpidas. En esta edición, se presentan 29 artículos substanciales que dan cuenta de la situación de los derechos humanos. En total, participan 26 redes y organizaciones de la sociedad civil, así como otras personas referentes en diferentes temáticas de los derechos humanos.

Es un consolidado espacio editorial, donde la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos nos reunimos, de manera colaborativa y articulada, a analizar la realidad nacional y proyectar la plataforma de exigibilidad de demandas dirigidas a las diversas instancias del Estado, obligadas a garantizar los derechos humanos.

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