Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresamos nuestra profunda preocupación por la situación crítica en torno al derecho humano a la tierra en Paraguay, una deuda histórica que el Estado aún no ha saldado y que hoy se traduce en desalojos forzosos, criminalización y desprotección sistemática de comunidades campesinas e indígenas.

El derecho a la tierra está reconocido en diversos instrumentos internacionales y se vincula directamente con el derecho a una vida digna, a la alimentación, a la vivienda y a la identidad cultural. En Paraguay, este derecho ha sido vulnerado históricamente, desde los años 90, el campesinado ha debido recurrir a las ocupaciones como única vía de acceso al medio de vida, ante la inacción del Estado.

La Codehupy ha denunciado reiteradamente que Paraguay posee una de las estructuras de tenencia de la tierra más desiguales del mundo, producto de décadas de corrupción, concentración y despojo, especialmente durante la dictadura stronista.

El Estado paraguayo no sólo es omiso, sino cómplice, al proteger intereses de los grandes terratenientes mediante normativas como la Ley Zavala-Riera, que criminaliza la lucha por la tierra. Esta legislación no sólo legitima el despojo, sino que inhibe el derecho a la protesta, a la asociación y a la defensa de derechos fundamentales. Estamos atravesando un momento donde las comunidades campesinas son violentamente expulsadas, sin posibilidad de concretar el derecho que por décadas se les ha negado.

En el caso de las comunidades indígenas, en su legítima lucha por la restitución de sus territorios ancestrales, enfrentan el abandono del Estado y la violencia institucional, muchas veces a manos de guardias privados armados, con absoluta impunidad. La ausencia de protección estatal coloca a estas comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad y constituye una grave violación de derechos humanos.

Los informes anuales de Codehupy han documentado sistemáticamente el uso desproporcionado de la fuerza pública para desalojar a comunidades, lo que evidencia un patrón de violencia institucional.

Los desalojos no solo generan dolor, ruptura familiar y empobrecimiento, sino que alteran el tejido social y agravan las desigualdades territoriales. Hoy incluso quienes actúan en solidaridad con estas causas enfrentan criminalización, lo cual refleja un preocupante retroceso en las libertades democráticas básicas.

Proponemos, en este marco, avanzar hacia la creación de un fuero agrario ambiental que permita abordar de manera integral los conflictos por el derecho a la tierra. Para ello, el primer paso indispensable es el cese inmediato de los desalojos y el respeto pleno al derecho de libre asociación de las comunidades que luchan por sus tierras.

Por todo lo expuesto, desde Codehupy nos mantenemos vigilantes y exigimos al Estado paraguayo:
1. El cese inmediato de los desalojos forzosos.
2. La revisión urgente de la política estatal sobre tierra y vivienda, con perspectiva de derechos humanos.
3. El cumplimiento irrestricto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de las sentencias internacionales, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4. Exigimos que el Estado adopte la Declaración de los Derechos Campesinos del 2018 de las Naciones Unidas.

Instamos a que desde esta audiencia pública surja una mesa de trabajo efectiva, conformada por instituciones del Estado, organizaciones sociales, comunidades indígenas y campesinas, para avanzar en el aseguramiento real y duradero de las tierras para quienes las trabajan y las habitan, garantizando así la seguridad, la dignidad y los derechos de todas las personas sin distinción.

Asunción, junio 19 de 2025

Coordinación de Turno: Heñoi, Grupo Sunu, Fundación Vencer.

Secretario Ejecutivo, Dante Leguizamón.