La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay expresa su profunda preocupación ante la reciente reglamentación de la Ley N.º 7363/2024, “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocida como la Ley Garrote.
Desde su presentación, esta normativa ha generado inquietudes en la sociedad civil por su potencial impacto en el derecho a la libertad de asociación y en el trabajo independiente de las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos. La reglamentación publicada por el Poder Ejecutivo no corrige los aspectos más sensibles de la ley y mantiene disposiciones que pueden abrir la puerta a prácticas abusivas y violatorias de principios constitucionales que afectaran directamente sobre la actividad de las organizaciones.
La Codehupy ratifica su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales de la democracia. Sin embargo, considera que toda normativa que afecte a las organizaciones de la sociedad civil debe construirse de manera participativa, garantizando el equilibrio entre la transparencia y la protección del espacio cívico.
Las nuevas exigencias administrativas, la vaguedad de algunos conceptos y sanciones previstas en la reglamentación resultan especialmente preocupantes y exigentes para las organizaciones, especialmente las de base y comunitarias, que enfrentan limitaciones de recursos. Este tipo de medidas pueden debilitar el tejido social y restringir la asociación y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Desde la Codehupy instamos al Estado paraguayo a asegurar que la aplicación de esta ley respete plenamente los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, en especial el derecho de asociación, de libertad de expresión y de participación ciudadana.
Continuaremos observando el desarrollo e implementación de la misma, acompañando a las organizaciones afectadas y denunciando cualquier uso arbitrario de la normativa que implique restricciones injustificadas o represalias contra quienes trabajan por los derechos humanos en Paraguay.
Secretario Ejecutivo: Dante Ariel Leguizamón Morra.
Coordinación de Turno: Kuña Róga, Seija y Serpaj.
Asunción, Paraguay, 7 de noviembre de 2025.