Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) condenamos las operaciones delictivas que vienen desarrollándose en el departamento de Canindeyú, nos solidarizamos con las víctimas y exigimos al Estado paraguayo acciones urgentes para poner fin a estas situaciones.
La Codehupy ha mantenido un posicionamiento claro de condena a las operaciones delictivas atribuidas al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), así como la exigencia al Estado paraguayo de acciones para la recuperación de las personas secuestradas y la protección de las comunidades campesinas e indígenas, que también son víctimas en este contexto. Estas demandas constan en diversos documentos públicos y en reclamos internacionales presentados por nuestra red desde hace más de una década.
Las declaraciones del ministro Enrique Riera, en las que atribuye responsabilidad a la Codehupy y a otras organizaciones, además de ser irresponsables, denotan su propia inoperancia y la de las fuerzas públicas para administrar y enfrentar el conflicto existente con las organizaciones criminales, así como la problemática estructural de la tierra en Paraguay. Si el ministro Riera cuenta con información sobre hechos punibles como los que atribuye a nuestras organizaciones, tiene la obligación de denunciarlos formalmente y presentar los elementos de prueba que respalden sus afirmaciones.
La Codehupy y sus organizaciones han documentado violaciones de derechos humanos en los departamentos militarizados desde el año 2013. La persecución a dirigentes campesinos e indígenas, los desalojos forzosos, las torturas y las detenciones arbitrarias son algunas de las violaciones registradas contra personas y comunidades que no han tenido relación con grupos criminales y que, sin embargo, han sido criminalizadas y estigmatizadas por el Estado en su afán de confundir a la ciudadanía. Muchas de estas prácticas se están repitiendo en el departamento de Canindeyú.
Exigimos al Estado paraguayo acciones concretas contra las organizaciones criminales, el cese de la persecución a las comunidades campesinas e indígenas y la protección efectiva de las mismas. Es inadmisible que el Estado, con toda su infraestructura de seguridad a disposición, no pueda resolver un conflicto que, en palabras de las propias autoridades, involucra a un grupo minúsculo de personas, y que busque responsabilizar a la sociedad civil de su inoperancia.
El Estado paraguayo tiene la obligación de garantizar los derechos humanos. Debe proteger a la ciudadanía en general y, en particular, a las comunidades y personas que habitan en las zonas militarizadas.
Asunción, 23 de Febrero de 2026.
Secretario Ejecutivo: Dante Leguizamón Morra.
Coordinación de Turno: Sindicato de Periodistas del Paraguay, Sociedad de Comunicadores del Paraguay y Tierraviva.