En Paraguay, ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos continúa siendo una actividad de riesgo. Las amenazas, los ataques y la persistente impunidad configuran un escenario que el Estado aún no ha logrado revertir con medidas efectivas de protección.
En este contexto, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), junto con el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), hemos presentado una nota al Congreso Nacional expresando nuestra preocupación y desacuerdo con el proyecto de ley de protección a periodistas actualmente en discusión, impulsado por el oficialismo colorado.
Asimismo, ratificamos el proyecto de ley trabajado y presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, elaborado en diálogo con la sociedad civil y basado en estándares de derechos humanos.
Consideramos que, si bien es urgente avanzar hacia un marco normativo que garantice la seguridad de quienes ejercen estas labores, una ley que no cumpla con estándares adecuados puede resultar insuficiente e incluso contraproducente. La adopción de mecanismos débiles o mal diseñados no solo limita la capacidad de respuesta del Estado, sino que también puede generar una falsa sensación de protección frente a riesgos reales.
En la nota presentada, señalamos la necesidad de revisar en profundidad el contenido del proyecto, a fin de asegurar que incorpore un enfoque basado en derechos humanos y contemple medidas efectivas de prevención, protección y respuesta ante situaciones de riesgo. A su vez, insistimos en la importancia de garantizar una adecuada articulación institucional y la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de estos mecanismos.
El Estado paraguayo tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el trabajo de quienes informan y defienden derechos. Esto implica no solo legislar, sino hacerlo con responsabilidad, atendiendo a la realidad del país y a los estándares internacionales en la materia.
Desde Codehupy reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un marco legal que proteja de manera real y efectiva a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, instamos al Congreso Nacional a considerar estas observaciones y a avanzar en un proceso que garantice una ley que esté a la altura de los desafíos actuales.
Leé la nota aquí: