Sin siquiera poder determinar en los planos la ubicación de la finca que debía ser desalojada, una comitiva integrada por autoridades públicas y la abogada de empresarios que ocupan irregularmente lotes destinados a la reforma agraria, desalojó este viernes a seis familias campesinas de una parcela de 30 hectáreas ubicada en la Colonia Yvypé Sexta Línea, distrito de Lima departamento de San Pedro.

Agentes de la Policía Nacional, encabezados por el oficial de Justicia Luis Alberto Azcona y la abogada Liz Viviana González -en representación de los supuestos dueños- desalojaron a seis familias campesinas que ocupaban una parcela de 30 hectáreas que, a su vez estaban divididas en 5 hectáreas para una de ellas.

La Colonia Yvypé Sexta Línea fue creada en 1975 para el asentamiento de familias campesinas, con fines de reforma agraria, sin embargo, el ingreso de empresarios extranjeros o descendientes de éstos y la mecanización de la tierra, fue avasallando la comunidad paulatinamente desde el 2008. Desde hace unos cinco años, fue creada la Comisión SinTierra Yvypé Sexta Línea que lucha por recuperar estos lotes que actualmente están en manos privadas mediante procesos irregulares.

El propio Indert señaló que la adjudicación de los lotes fue irregular, pues fueron otorgados por sugerencia de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la institución, una instancia que no tiene esta atribución y que, sin embargo, emitió dictámenes a favor de empresarios que solicitaron la compra de lotes para la reforma agraria.

Descubierta esta irregularidad, el Indert determinó la “inaplicabilidad” de los dictámenes y solicitó la intervención de la comunidad para que técnicos vayan al territorio a hacer las mediciones correspondientes de modo a dilucidar la situación de los lotes. Los técnicos fueron hasta el lugar en junio pasado y aún no han dado el informe de su trabajo.

A pesar de esta situación, el juez Nelson Antolín Mercado ordenó el desalojo de las familias, quienes quedaron apostadas al costado del camino vecinal, bajo carpas, en condiciones precarias y con la amenaza de personas que representan a los supuestos dueños, quienes pretenden destruir los cultivos.

“Ésta es una colonia campesina que con el tiempo ha sido usurpada en parte por la corrupción del Estado paraguayo por personas que no son sujetas de la reforma agraria (…) y los campesinos están luchando por recuperar las tierras que legítimamente le corresponde. En esa lucha se ha logrado inclusive una anulación de las adjudicaciones irregulares y la intervención de toda la colonia, a pesar de eso supuestos propietarios algunos de nacionalidad brasileña, otros menonitas han iniciado procesos civiles”, indicó el abogado Juan Rivarola de la Codehupy, quien con otros miembros de la Codehupy estuvo en el lugar.

Además del acompañamiento que brinda la organización Base Is, miembro de nuestra red, al proceso de recuperación de las tierras públicas, desde la Codehupy se monitorea el proceso jurídico tanto en el ámbito civil como penal y además se observa la situación de las personas que se encuentran en el lugar, en condiciones precarias que ponen en peligro su salud y su vida.