La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, junto con organizaciones de la sociedad civil, realizó este martes la segunda presentación de la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley N.º 7.363/24, conocida como la “Ley Garrote”, reafirmando el rechazo a una normativa que vulnera derechos constitucionales y restringe el ejercicio de las libertades cívicas en Paraguay.
En esta nueva presentación se incorporaron cinco organizaciones: Sobrevivencia, Decidamos, Centro de Documentación y Estudios (CDE), Red Paraguaya de Artistas LGBTQ+ y la Federación Nacional Campesina (FNC), que se suman a las treinta y tres organizaciones que impulsaron la primera acción, alcanzando un total de 38 organizaciones que respaldan esta iniciativa.
La acción sostiene que la Ley N.º 7.363/24 establece mecanismos de control excesivos, discrecionales y punitivos sobre las organizaciones sin fines de lucro, afectando derechos fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la participación ciudadana y el principio de legalidad, además de contravenir obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo en materia de derechos humanos.
Asimismo, advertimos que a seis meses de la promulgación de la ley, continúa la ausencia de reglamentación e instrumentos administrativos indispensables para su implementación, situación que genera incertidumbre jurídica y afecta el normal funcionamiento de las organizaciones sociales.
Durante la conferencia de prensa posterior a la presentación, representantes de las organizaciones reafirmaron que esta acción busca proteger el derecho de la ciudadanía a organizarse libremente y preservar el trabajo que cientos de organizaciones desarrollan en todo el país en ámbitos como la educación, el ambiente, la cultura, el desarrollo comunitario y la promoción de los derechos humanos.
Con esta nueva adhesión, la acción de inconstitucionalidad refleja el creciente respaldo de organizaciones de distintos sectores que consideran que la defensa del espacio cívico y de la libertad de asociación constituye una condición indispensable para fortalecer la democracia y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Paraguay.