Esta mañana presentamos ante la prensa los principales aspectos del litigio internacional que impulsamos en representación de la exsenadora Kattya González ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Consideramos que este caso trasciende la situación individual de una exsenadora. Para nosotros, se trata de un caso emblemático para analizar el Estado de Derecho, los derechos políticos y el cierre del espacio cívico que atraviesa Paraguay.
Kattya González fue destituida por la Cámara de Senadores el 14 de febrero de 2024, mediante un procedimiento de pérdida de investidura que, según sostenemos en la denuncia internacional, vulneró garantías fundamentales del debido proceso. Entre la presentación de la acusación y la votación transcurrieron apenas unas horas, sin que la entonces senadora contara con un tiempo razonable para preparar su defensa.
Nuestra preocupación va más allá de quién ocupa un cargo público. Lo que está en discusión es si una mayoría política puede remover a una representante elegida por la ciudadanía sin respetar procedimientos previamente establecidos y sin controles institucionales efectivos. Los derechos políticos no pertenecen únicamente a quienes ejercen cargos: también pertenecen a quienes los eligieron.
También señalamos la importancia de la respuesta del Poder Judicial. La acción de inconstitucionalidad presentada en febrero de 2024 fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2026, luego de más de dos años de tramitación. Entendemos que esta demora afectó la efectividad del recurso judicial, ya que impidió que la controversia fuera resuelta oportunamente.
Por eso recurrimos al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Buscamos que este organismo establezca estándares claros para la protección de los derechos políticos, el debido proceso parlamentario y el acceso a recursos judiciales efectivos, así como garantías que permitan proteger la participación democrática.
Entendemos, además, que este caso debe ser analizado en el contexto de un proceso más amplio de cierre del espacio cívico en Paraguay, marcado por restricciones crecientes a organizaciones de la sociedad civil, discursos de estigmatización, ataques contra periodistas y medios de comunicación, criminalización o intimidación de manifestaciones sociales y debilitamiento de los mecanismos de control institucional.
Como organización de derechos humanos, no intervenimos en este litigio para defender una corriente política específica. Lo hacemos para defender principios democráticos básicos: el debido proceso, el pluralismo político, la independencia judicial, los derechos políticos, la rendición de cuentas y los límites al poder estatal.
Defender este caso es, para nosotros, defender el derecho de toda la ciudadanía a vivir en una democracia donde las reglas, los derechos y los controles institucionales sean respetados y donde ninguna autoridad esté por encima de la ley.
