La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentará su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay  este viernes 10 de diciembre en la Plaza de la Democracia de Asunción. Durante la actividad -que es de acceso es libre y gratuito- serán entregados ejemplares del informe sin costo al público que participa.

El Informe Anual de la Codehupy, mediante el cual se monitorea de forma ininterrumpida, desde hace 26 años, el cumplimiento de los derechos humanos en Paraguay, compila este año 36 artículos de 35 redes y organizaciones que analizan y hacen recomendaciones sobre las más diversas temáticas de derechos humanos, desde salud y educación pasando por ambiente, alimentación hasta derechos de las personas TLGBIQ, derecho de los/as niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Se destaca en esta edición la incorporación de dos nuevos artículos: uno sobre política fiscal y DD.HH. con una mirada enfocada a las grandes ganancias y otro, sobre soberanía energética en torno a la renegociación de Itaipú.

Así, este año el Informe Anual incorpora una mirada transversal acerca de los recursos, mediante el monitoreo del gasto público en cada área para identificar el déficit de lo que hace falta a fin de garantizar estándares mínimos para que la ciudadanía paraguaya vea garantizados sus derechos más básicos. Se realizó asimismo un control del origen de estos recursos financieros y de dónde el Estado podría obtener lo que hace falta, explicó el director del equipo académico del material, el abogado e investigador Hugo Valiente.

El material, que es referencia a nivel nacional e internacional en cuanto al monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país, fue escrito por 66 autores y autoras, expertos y expertas en distintas áreas.

Para la Codehupy, los temas centrales de este Informe Anual son los desalojos forzosos, la reforma agraria, la salud y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. El 2021 fue un año muy parecido al 2020. La pandemia del Covid-19 fue una catástrofe previsible. Sus efectos adversos fueron agravados por el deliberado proceso de precarización y desfinanciamiento de las políticas e institucionalidad estatal responsables de velar por los derechos humanos, señaló Valiente.

“Esto se vio, por ejemplo, en el padecimiento de la ciudadanía en el sistema de salud pública y las más de 16 mil muertes evitables que dejó este año luctuoso. Pero no es la única área. En casi todos los temas, ya sea educación, ambiente, trabajo o seguridad, se vivió esta experiencia”, afirmó.

Para la Codehupy el desafío que se presenta es muy grande ya que, así como los derechos humanos no estuvieron en el centro de las medidas que se adoptaron como respuesta nacional frente al Covid-19, de la misma manera, los derechos humanos no figuran como un eje fundamental de los planes de recuperación de la crisis.

La respuesta a la pandemia se cubrió con más deudas de las que ya tenía el país, deudas que pagará la misma gente de siempre y que, además, ahora verá reducidos sus derechos por el recorte de los gastos sociales en áreas extremadamente sensibles como la salud, cuando aún ni siquiera ha culminado la pandemia. Por todo esto, desde la Codehupy se considera que es urgente debatir un nuevo pacto fiscal que grave progresivamente a las grandes fortunas para sostener los gastos sociales mediante los cuales se garantiza derechos y se salva vidas.