Hugua Po’i es una comunidad indígena de la parcialidad Mbya Guaraní del departamento de Caaguazú. La integran unas 55 familias que hace una década exigen al Estado paraguayo la delimitación del territorio que reivindican como hábitat tradicional, la titulación de las tierras y la garantía de una vida digna.

Miembros de la comunidad relatan que el Estado desoye e ignora, abandona y guarda silencio ante sus denuncias, mientras unos empresarios agrícolas los hostigan y amenazan de distintas formas. Estas situaciones han sido denunciadas públicamente por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) que lleva la representación jurídica del caso.

Entre finales de 2021 y lo que va de 2022, en menos de un año, fueron desalojados forzosamente en dos ocasiones: la primera vez sus casas fueron quemadas, así como toda la paja que había alrededor para que no reconstruyeran las viviendas. La segunda vez, policías sacaron a rastras a ancianos que no podían moverse por sí mismos y quedaron a la intemperie mujeres embarazadas, así como a niñas y niños pequeños. 

Manuel Ramos (32), líder de la comunidad, asegura que la resistencia continuará hasta que los niños puedan volver a la escuela en su territorio, hasta que la salud pública sea también para ellos. “Somos pueblos originarios, tenemos derechos básicos que no se respetan. Nos manosean y no nos permiten vivir con dignidad”, señala el líder.

“Tenemos derecho a la titulación de las tierras en las que vivieron nuestros antepasados y recibir asistencia. Ya no podemos volver a ver morir bebés indígenas por falta de atención, como ocurrió en julio de 2022 con un niño de apenas dos meses”, dice.

Manuel es líder de su comunidad desde hace apenas tres años. Aunque admite que es muy poco tiempo y es joven, asegura sentirse preparado para el desafío que implica. “Participé en numerosas charlas y estoy en comunicación constante con organizaciones que nos ayudan con las cuestiones legales. Es muy grande el compromiso que yo tengo con mi comunidad y no puedo fallar”, se reafirma.

La disputa legal de Hugua Po’i es con la empresa sojera Sociedad Civil Tres Palmas, cuyo representante legal en el marco de este conflicto es el abogado Mario Vega, quien fue anteriormente presidente del Instituto Paraguayo de la Tierra (Indert). De acuerdo con publicaciones periodísticas, el abogado fue destituido en octubre de 2020 luego de que la Fiscalía lo investigara e incluso llegara a imputar por presunta lesión de confianza.

Según la etnóloga especializada en el pueblo Mbya Guaraní del Paraguay Oriental, Magister Gloria Scappini, el pueblo Guaraní en Paraguay es el que manifiesta la peor situación en cuanto a tenencia de tierra y regularización de la posesión tradicional.

No es un panorama alentador para Manuel, sin embargo, el joven líder no pierde la esperanza de que Hugua Po’i se convierta en una comunidad próspera, donde todos sus derechos sean respetados, las personas puedan recibir asistencia médica y los niños puedan estudiar. Pero sobre todo, que nunca nadie de la comunidad sea despojado de su dignidad de nuevo.

El pasado 6 de octubre la comunidad recibió el reconocimiento Premio Dignidad, en el marco de la tercera edición de los Premios Dignidad a la Defensa de los Derechos Humanos en Paraguay, impulsada por la Codehupy, con apoyo de Diakonia y la Unión Europea.