En el día de hoy, en horas de la mañana, el Estado paraguayo llevó a cabo un desalojo en la comunidad indígena 15 de enero, ubicada en el distrito de Nueva Toledo, en el departamento de Caaguazú. Este acto arbitrario ha dejado a 20 familias en el costado de la ruta, específicamente en la zona conocida como Mil Palos. Entre las personas afectadas, se encuentran 41 niños y niñas de corta edad.

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) manifestamos nuestra indignación y preocupación ante este hecho que vulnera directamente los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, poniendo en peligro la vida misma de los miembros de la comunidad. Estas familias abandonaron sus tierras sin oponer resistencia, temiendo represalias, y sin poder llevar consigo ninguno de sus bienes materiales, cultivos o animales. 

De acuerdo a la información proporcionada por un líder indígena de la ONAI, Mario Gauto, quien se encuentra actualmente acompañando a las familias, el desalojo se llevó a cabo de manera ilegal. En el lugar, se presentaron 20 efectivos policiales sin orden de desalojo y sin la presencia de autoridades fiscales ni representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), institución responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En este punto, destacamos que el equipo jurídico de la Codehupy conversó hace unos días con Hugo Samaniego, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, donde este aseguró que no se ejecutaría ningún desalojo, que solo se realizaría la identificación de personas, tal como se registra en el documento oficial que adjuntamos al pie de esta nota.

Por último, recordamos al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, que una de sus promesas al asumir el cargo, fue que velará por los derechos de las comunidades indígenas. 

Desde la Codehupy exigimos una pronta investigación de este desalojo ilegal y una respuesta por parte de las autoridades competentes. Asimismo, hacemos un llamado al Estado paraguayo para que respete y proteja los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.