Monitoreo

20 de junio del 2022
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El Estado paraguayo debe delimitar el territorio ancestral del Pueblo Mbya Guaraní y posteriormente restituir sus tierras a la comunidad indígena Hugua Po’i, en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. La comunidad, que reivindica unas 1.000 hectáreas en disputa con una empresa sojera, está bajo permanente amenaza de un desalojo forzoso.

La comunidad indígena, de la cual son parte unas 70 familias Mbya Guaraní, reivindica como territorio ancestral unas 1.000 hectáreas que están en disputa con la empresa sojera Sociedad Civil Tres Palmas. Sobre esto, Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo saliente de la Codehupy y especialista en derecho de pueblos indígenas, indicó que la tarea central del Estado en torno a este conflicto territorial es delimitar y posteriormente restituir las tierras, independientemente de que el título sea regular o irregular.

El juez debe considerar que la comunidad indígena tiene derechos inherentes a la ocupación tradicional o ancestral de determinados territorios. En ese sentido, el Estado a través de las instituciones correspondientes debe delimitar el territorio de la comunidad y si hallare legítimos derechos de terceros, debe arbitrar la indemnización correspondiente.

AMENAZA DE DESALOJO PERMANENTE

La comunidad fue objeto de desalojos forzosos en más de una ocasión y la amenaza de que un episodio violento se repita es permanente. Por esa razón la Codehupy advirtió a varias instituciones del Estado que de darse esa situación sería irregular.

El equipo jurídico de la Codehupy realizó numerosas comunicaciones a distintas instituciones del Estado, entre ellas Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio del Interior y el Poder Judicial para alertar sobre esta situación.

Desde el equipo jurídico de Codehupy advirtieron que, actualmente la causa en el marco de la cual se impulsa el desalojo no tiene juez competente, por lo que sería inoficioso que un oficial de justicia ejecute el mandamiento de desahucio. Esto derivó de una recusación que realizó el propio Instituto Nacional del Indígena (INDI) -institución pública que debe velar por los derechos de pueblos indígenas- en el marco del proceso judicial.

Por otro lado, señalaron como cuestión de fondo que la acción judicial de desahucio se estableció en contra de personas particulares, sin embargo, por medio de dicho documento se pretende desalojar a toda una comunidad lo cual es irregular.

IMPUTACIÓN GENÉRICA

Por otra parte, la imputación contra las personas particulares por presunta invasión de inmueble ajeno, no reúne los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, en cuanto a la descripción de qué hechos se atribuye a cada persona y cómo se dieron estas acciones específicamente.

El equipo jurídico de la Codehupy señaló que esta es una falencia recurrente del Ministerio Público, que lleva adelante procesos en base a imputaciones genéricas, a pesar que desde el propio Poder Judicial han llamado la atención sobre este problema, exigiendo que se cumplan los estándares establecidos en la ley para poder imputar a las personas.

REUNIÓN EN HUGUA PO’I

En prosecución al caso, el equipo jurídico de Codehupy acompañará este martes 21 de junio una reunión entre representantes del Estado, de la empresa y de la comunidad, con miras a buscar solución a este conflicto.