Apenas iniciado el año 2023, la sociedad es sacudida por alarmantes casos de feminicidios, que podrían haber sido evitados si las instituciones públicas mejorarán sus capacidades de coordinación, articulación interinstitucional e intersectorial, abordajes pertinentes, servicios sociales de calidad en los territorios y recursos públicos suficientes para la implementación del marco legal vigente.

Los datos oficiales indican que el año 2022 cerró con 36 mujeres víctimas de feminicidios, acumulando desde el año 2017 un total de 255 asesinatos de mujeres por razones de género en Paraguay. Las consecuencias son terribles, además de las muertes de las mujeres, 331 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad, víctimas directas de los hechos extremos de violencia, familias destruidas y comunidades conmocionadas. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló, en una encuesta realizada en el 2021, que el 78,5 % de las mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida, ya sea violencia psicológica (57,8 %), violencia física (25,7 %), violencia sexual (60,9 %) y violencia económica (25 %). Además, la violencia familiar fue el segundo hecho punible más denunciado ante el Ministerio Público, en el año 2022.

Estos problemas no parecen ser una prioridad para las autoridades nacionales y locales. No se han implementado adecuadamente los mecanismos existentes en la Ley 5777/16 para prevenir, atender y proteger a mujeres, adolescentes y niñas contra cualquier forma de violencia. Además, no se ha asignado un presupuesto suficiente para implementar políticas públicas con servicios sociales de calidad en las áreas con una mayor prevalencia de violencia basada en género.

La voluntad política debe ser demostrada a través de acciones concretas, como la asignación de recursos financieros para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno nacional actual ha reducido drásticamente el presupuesto del Ministerio de la Mujer, con un descenso del 42 % desde 2018 hasta 2023. Es decir, el presupuesto diario de dicha cartera es de solo 14 Gs. Para atender a la mitad de la población del país, compuesta por mujeres y niñas.

El Estado paraguayo abandona a su suerte a las mujeres de todas las edades y diversidades. Al reordenar sus prioridades, el Estado comunica a las mujeres que su seguridad, bienestar y sus vidas no son lo suficientemente importantes, y que lo “de gloriosas y guapas” queda solo para discursos carentes de contenido.

Las campañas de comunicación no son suficientes si no existe una correspondencia de servicios públicos que acompañen la alta demanda ante las situaciones de violencia de género que viven miles de mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país. Además, esta situación debe ser abordada desde una perspectiva de seguridad ciudadana, de salud pública y de educación, con enfoque basado en derechos humanos e interseccionalidad, principios a los cuales el Estado está comprometido.

Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), sus organizaciones integrantes y aliadas, exigimos una investigación exhaustiva de las responsabilidades políticas y públicas en estos feminicidios. Paraguay necesita contar de manera prioritaria con políticas públicas, agentes estatales responsables y con capacidad de respuestas pertinentes; y con presupuestos públicos, a nivel nacional y local, suficientes para hacer frente a esta grave violación de derechos humanos en el país. 

Asunción, febrero 3 de 2023

Coordinación de Turno: Red de ONGs que trabajan en VIH/Sida en Paraguay, Seija, Serpaj y la Secretaría Ejecutiva de la Codehupy.

Fuentes:

Encuesta Nacional sobre Situación de las Mujeres en Paraguay – ENSIMUP – INE, 2022. https://www.ine.gov.py/ckfinder/userfiles/files/ENSIMUP%20resultados.pdf

Campaña y hoja de datos sobre el Presupuesto General de la Nación. “Grandes Vacíos” 2023. https://www.japoli.org/2022/11/28/presentacion-grandes-vacios-2023/