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11 de julio del 2022
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La Comunidad indígena Hugua Po’i, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú, que ha sido víctima de un brutal desalojo en noviembre de 2021, y que, en los últimos tiempos tras reocupar su hábitat tradicional, ha recibido amenazas de desalojo constantemente, a pesar de las acciones jurídicas llevadas adelante por la Codehupy, hoy se encuentra ante un inminente desalojo forzoso, que se prevé se realizará mañana, 12 de julio, a tempranas horas.

Son Setenta familias del pueblo Mbya Guaraní, las que se encuentran resistiendo en la zona de Caaguazú en defensa de sus territorios ancestrales de aproximadamente 1000 ha. Y que la Sociedad Civil Tres Palmas reclama como suyas, sin que se haya dilucidado el fondo de la cuestión de los excedentes que no condice en el título. De ejecutarse un Desalojo Forzoso sin un estudio técnico previo, se puede cometer graves daños irreparables contra la comunidad.

A esto sumamos que, la orden de desalojo fue emitida por el Juez, Wilfrido Ovelar Vera, quien ya no tiene competencia en la causa, debido a que fue recusado por el INDI, a su vez, las siguientes dos juezas de turno, también se inhibieron por lo que la decisión está pendiente en el tribunal de apelaciones, la suspensión del juicio principal también suspende la medida cautelar. La Codehupy impugnó la resolución, solicitando la nulidad de todo el procedimiento en el contexto en el que se emitió la medida cautelar.

Asimismo, la Codehupy, ya había solicitado en marzo pasado, al Estado paraguayo, que se realice una serie de medidas a favor de la comunidad indígena Hugua Po’i, donde uno de los principales requerimientos fue que el INDI impulse la demarcación de las tierras ancestrales de la comunidad, acción que hasta ahora no fue llevada a cabo. Asimismo, a pedido de la Codehupy, el INDI promovió una medida cautelar a favor de la comunidad indígena para evitar cualquier desalojo forzoso mientras se estudia sobre los territorios de la comunidad indígena.

Por su parte, la comunidad indígena Hugua Po’i, presentó un petitorio a inicios de este mes, ante distintas instituciones estatales, ellas son: El INDI, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Intendente Municipal de Raúl Arsenio Oviedo, al Asesor Jurídico de la Policía Nacional y al jefe de Policía Departamental. En dicho documento, manifiesta que tanto la orden judicial actual y la orden judicial que ya fuera ejecutado en noviembre del año 2021, se dictó sin la debida participación de la comunidad en los juicios desarrollados y en abierta violación del derecho a la defensa en juicio.

Asimismo, recuerda que, de realizarse un desalojo el día de mañana, se cometerá violaciones contra los derechos fundamentales de las familias de la Comunidad Hugua Po’i, atentando contra una disposición constitucional que expresa claramente que, “Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”. Art. 64 de la Propiedad Comunitaria. Violando varias disposiciones internacionales de derechos humanos, sobre garantías de protección, reubicación y resguardo de las personas de la comunidad.

La situación de los desalojos forzosos en Paraguay se agrava cada vez más y para las organizaciones de derechos humanos, es sumamente preocupante esta práctica reiterativa que atenta contra los derechos básicos y fundamentales de las comunidades indígenas, como ya lo manifestó en un pronunciamiento hace una semana.

Recordamos al Estado Paraguayo lo señalado por la Corte IDH en el año 2010 sobre violaciones de derechos territoriales indígenas, que el hecho de que las tierras estén en manos de particulares no es argumento suficiente para denegar el derecho de restitución territorial, por lo que el Estado, antes de desalojar, debe valorar los derechos de todas las partes interesadas y resolver en consulta y consenso la resolución al conflicto suscitado.

Asunción, julio 11 de 2022