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23 de agosto del 2021
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Cuatro mujeres que son parte de una comisión vecinal que reivindica la recuperación de tierras públicas, entregadas irregularmente por la dictadura de Alfredo Stroessner a una empresa privada a cambio de una avioneta, enfrentan juicio oral y público por supuesta invasión de inmueble ajeno, en un proceso plagado de irregularidades jurídicas.

El origen de la causa data de 2012 en base a una denuncia contra persona innominada por parte de la empresa Agroganadera Pindo. Recién en 2017, cinco años después, el Ministerio Público imputó a cuatro mujeres, quienes en 2014, ejerciendo su derecho a la libre asociación, participaron de una asamblea pública y pacífica durante la cual fueron renovadas las autoridades de la Comisión Vecinal Joaju, por exigencia del Indert para poder iniciar formalmente el reclamo sobre la tierra en disputa.

La transacción del inmueble en cuestión se realizó entre el IBR y la Empresa Perfecta S.A., por medio de una permuta en 1969. El IBR entregó casi 5.000 hectáreas de tierra pública a cambio de una avioneta marca “Meta Sokol L40”, Serie Nº 150-901 y Matrícula ZP-PBU, valuado en Gs. 3.000.000. Hoy se desconoce el destino de la aeronave ya que el INDERT no responde a una solicitud de información pública realizada en el año 20219 sobre el destino de la misma. De hecho, según publicaciones de medios locales, la avioneta “no existe en los registros aeronáuticos oficiales” y de acuerdo con el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), este inmueble, que en la actualidad se individualiza como Finca 5603, fue adjudicada de forma irregular.

Desde la imputación en 2017 transcurrieron otros cinco años hasta que el pasado martes 17 de agosto de 2021 inició, por medio virtual, el juicio oral y público contra estas mujeres que desde su imputación sobrellevaron el encierro con todas las implicancias que eso trajo para sus vidas, especialmente en el ámbito de la salud de ellas y de sus hijos e hijas.

El Ministerio Público, con la representación del fiscal Jalil Rachid, antes que investigar los probables procedimientos irregulares en la adjudicación del inmueble público y buscar su recuperación como recomendó la Comisión de Verdad y Justicia, ahora pretende condenar a estas mujeres por ejercer su derecho a la asociación para gestionar la recuperación de un inmueble calificado como mal habido por una comisión creada por Ley de la Nación.

Abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay ejercen la defensa de estas mujeres y señalan que el juicio ni siquiera debería proseguir, puesto que la causa del estudio inició en 2012 y ya prescribió, según lo que establece el propio código penal. El abogado Walter Isasi explicó sobre el punto que el tipo penal de invasión de inmueble ajeno tiene pena de hasta dos años como base y el código indica que las causas prescriben al cumplirse tres años cuando los delitos tienen tipo legal base de hasta 3 años y también prescriben, sin considerar ninguna interrupción de incidentes o apelaciones, al cumplirse el doble de plazo de prescripción.

Este martes 24, tras la presentación de documentación que respalda lo manifestado por los abogados defensores, el Tribunal compuesto por los magistrados Gustavo Villaverde, Cynthia Espínola Ibarra y Benito Ramón González, deberán resolver si el juicio continúa o no.