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15 de julio del 2022
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Tras el fallo favorable sobre una medida judicial de no innovar en la finca donde se asentaba la comunidad indígena Hugua Po’i, el INDI solicitó resguardo a la Policía Nacional para el reingreso de la comunidad al territorio que reivindican como ancestral, ya que habían sido desalojados mediante un aparatoso despliegue policial el mismo día que se emitió el fallo a su favor.

El pasado martes a tempranas horas unos 350 policías rodearon la comunidad indígena Hugua Po’i mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar. Tal despliegue fue para acompañar el cumplimiento de una orden de desalojo emitida por un juez que ya no tenía competencia en la causa judicial en el marco de la cual se promovía dicho desalojo, por lo que la acción fue irregular, detalló el abogado Walter Isasi de la Codehupy.

Ese mismo día (12 de julio) fue emitido un fallo favorable a una medida cautelar que presentó el INDI para garantizar los derechos de la comunidad indígena. Ante esa situación el INDI solicitó este miércoles a la Policía que resguarde el reingreso de la comunidad ya que existe una medida judicial favorable.

Desde la Articulación Nacional Indígena por la Vida Digna (Anivid) -conformada por una veintena de asociaciones, organizaciones, colectivos y otras formas de organización indígena- exigieron que “así como la Policía Nacional acompañó la ejecución de una Orden Judicial dictada de forma irregular para violar Derechos Humanos Fundamentales, se arbitre de inmediato los mecanismos de resguardo policial para que las 70 familias del Pueblo Mbayá guaraní vuelvan a su comunidad de donde fueron sacados violentamente tal cual lo establece otra orden judicial”.

Asimismo, la Anivid solicitó que la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, investiguen la actuación del juez Wilfrido Ovelar Vera de Caaguazú, quien ordenó el desalojo contrariando toda la normativa nacional e internacional; así como al oficial de justicia Aníbal Alejandro Ramírez que ejecutó una orden a sabiendas de que la misma provenía de un juez que ya no tenía competencia en la causa.

La comunidad esta en disputa judicial con la empresa sojera Sociedad Civil Tres Palmas, cuyo representante legal en el marco de este conflicto es el abogado Mario Vega, ex presidente del Instituto Paraguayo de la Tierra (Indert) -una institución estatal de donde, según publicaciones de medios de comunicación, fue destituido en octubre de 2020 luego de que la Fiscalía lo imputado por presunta lesión de confianza -en un caso de supuesta coima- y además haya ordenado su detención. El ahora representante de Tres Palmas, aguarda la prosecución de dicho juicio en el que, también están procesados otros ex funcionarios que trabajaban en la institución durante su administración.

Codehupy en conjunto con Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco trabajan en la asistencia legal a la comunidad indígena que en menos de un año fue desalojada forzosamente en dos ocasiones, a pesar de que el juicio donde se discute el fondo de la cuestión no fue resuelto.

Ancestralidad

En el marco de los procesos administrativos y judiciales en curso respecto de la comunidad Hugua Po’i del pueblo Mbya Guaraní, la etnóloga especializada en el pueblo Mbya Guaraní del Paraguay Oriental, Magister Gloria Scappini explicó que el pueblo Guaraní en Paraguay es el que “manifiesta la peor situación en cuanto a tenencia de tierra y regularización de la posesión tradicional”.

La experta, explicó que la comunidad de Hugua Po’i pertenece al liderazgo de Marcelino Montanía fallecido en 1984. Justamente a partir de los años 80’ un número muy reducido de comunidades Mbya Guaraní seguían asentadas en sus territorios tradicionales pues la mayoría fue presionada por la explotación yerbatera y maderera, que los fue arrinconando cada vez más. Los pueblos quedaron concentrados en las zonas de Yhu, J. Eulogio Estigarribia y Raúl Arsenio Oviedo.

Es en este último distrito donde se ubican las poco más de 1.000 hectáreas reivindicadas como hábitat tradicional (que incluye el territorio) de las 70 familias que vienen sufriendo los desalojos y los graves efectos de ellos.

Comunicado de la ANIVID