Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) manifestamos nuestra profunda preocupación ante la situación actual en la que se encuentran las comunidades indígenas y campesinas en Canindeyú, y más específicamente sobre lo ocurrido el día viernes 14 de agosto del corriente año.
Desde la ampliación de la zona militarizada en el Departamento de Canindeyú, las comunidades campesinas e indígenas se encuentran expuestas a situaciones de violencia y enfrentamientos entre el Estado y grupos irregulares. Además de procesos de criminalización y persecusión poco claros.
Resulta especialmente grave que, pese a las denuncias realizadas previamente por líderes comunitarios sobre actividades irregulares en la zona, no se hayan adoptado medidas oportunas para prevenir estos hechos.
Las denuncias de las comunidades deben ser escuchadas y atendidas, no criminalizadas. El Estado tiene la obligación de garantizar su protección, prevenir situaciones de violencia y responder de manera efectiva ante la presencia de grupos y actividades irregulares que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas.
Las versión oficial sobre el “enfrentamiento” del día de ayer donde dos integrantes de la comunidad indígena Y’apo han perdido la vida, deja muchísimas dudas de acuerdo a lo expresado por la comunidad y las familias, además de los indicios detectados en las correspondientes autopsias.
Ante estos hechos, exigimos que las investigaciones se desarrollen con debida diligencia, independencia, transparencia y respeto al debido proceso, garantizando justicia para las víctimas y sus familias.
La falta de respuestas estatales con enfoque de derechos humanos, sumada a la criminalización constante de comunidades campesinas e indígenas, profundiza su situación de vulnerabilidad y pone en riesgo vidas que deben ser protegidas.
El Estado Paraguayo tiene la obligación de escuchar, proteger y garantizar derechos de todas las personas, y especialmente de las comunidades indígenas y campesinas.
Asunción, 16 de agosto de 2026
Secretario Ejecutivo: Dante Ariel Leguizamón Morra
Coordinación de Turno: Centro de Documentación y Estudios (CDE), El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem – Capitulo Paraguay) y Decidamos.